UN PROYECTO CONSTITUYENTE PARA UNA ESPAÑA CON FUTURO
Libertad Cívica es un colectivo ciudadano abierto, integrado por mujeres y hombres que están profundamente preocupados por la ruina económica y moral a la que ha sido conducida la España de la transición, la cual amenaza ser mismo de la propia España, que ha entrado en un preocupante proceso de descomposición, pues la corrupción de amplios sectores de la casta política, ha laminado el proyecto nacional, sin el cual ninguna Nación ni Estado puede tener presente ni futuro. Por ello Libertad Cívica expone a la opinión pública, este Manifiesto, basado en las siguientes ideas-fuerza:
1. Acabar sin contemplaciones con la corrupción.
Eso supone instaurar controles democráticos creíbles, reducir el Estado y restablecer la ética pública, sobre todo la ética del trabajo. El sistema político oligárquico del postfranquismo, de una transición que nunca culminó en una auténtica Democracia, es el producto de la falta de representatividad política (listas cerradas y bloqueadas) y de un maridaje de intereses entre distintos sectores de la casta que da lugar a una profunda corrupción, la cual ha penetrado en el entero sistema social: Patronal, sindicatos, universidades… Poco o nada se puede esperar de los actuales partidos políticos. El sistema constitucional que se alumbre ha de tener como prioridad combatir la corrupción, revitalizar una sociedad civil anestesiada, restablecer el vínculo representativo, crear una Democracia y un Estado de Derecho (Rule of Law) que merezcan este nombre y que la dirección de los asuntos públicos esté en manos de los mejores y no de los peores.
2. Establecer un proyecto nacional plural.
En el marco de la Unión Europea, que integre a Cataluña y al País Vasco con los demás territorios patrios, especialmente los de la antigua Corona de Castilla y no se ponga permanentemente en cuestión. Con preferencia será un proyecto ibérico, con clara vocación iberoamericana. Estará fuera de la legalidad cualquier opción política antagónica con la unidad de dicho proyecto nacional plural.
3. Elaborar una nueva Constitución, democrática y federal.
La Democracia sólo merece este nombre cuando se construye a partir de un vínculo representativo auténtico entre representantes y representados, que es lo que hoy no existe, por lo que preconizamos un sistema electoral opuesto a las nefastas listas cerradas y bloqueadas, que no son las listas abiertas, sino los diputados de distrito, a fin de que los electores sepan qué diputado concreto les representa y puedan acudir a él o a ella.
Una España Federal significa que frente al demagógico y nefasto café para todos del Estado de las Autonomías, se creará el marco institucional para resolver el problema real, que es la inserción de Cataluña y el País Vasco en España. Nada obsta a que otras comunidades, más allá del problema de integración nacional al que atiende por esencia el Federalismo, puedan ser Estados federados; pero siempre bajo el principio de que el que quiera ser Estado, se lo pague. Nada de regresar a la irracionalidad hacendística del Estado de las Autonomías. Por ello se trata de una alternativa federal claramente orientada hacia la reducción de costes y no a todo lo contrario. Serán competencias irrenunciables de la Federación, todas aquellas que resulten necesarias para un proyecto nacional cohesionado, como la Defensa, las Relaciones Internacionales, con la Unión Europea y la Comunidad Iberoamericana, Poder Judicial y Administración de Justicia, el mantenimiento de la unidad de la cultura hispánica, o en su caso ibérica y de la unidad de mercado y la política económica, sin perjuicio de la existencia de una Hacienda propia de cada Estado federado.
4.- Solución de la crisis económica en el marco de la UE, combinando austeridad con ayudas comunitarias al desarrollo, si cumplimos nuestros objetivos presupuestarios.
La crisis económica ha puesto de manifiesto que la casta política y sus adláteres no están dispuestos a hacer lo necesario para salir de ella. En esencia, reducir un Estado parasitario y dejar que quiebren las entidades financieras ineficientes, para dedicar los recursos disponibles a estimular la economía y no a mantener la oligarquía. Es una inmoralidad extrema expoliar al pueblo, para salvar a los causantes de la crisis. España es un socio fiel de la UE, pero nunca a costa de nuestros intereses como Nación. El modelo económico estará basado en la innovación y la competitividad, no en la especulación y el saqueo.
5.- Importancia del vínculo hispanoamericano y a ser posible iberoamericano, a la misma altura del europeo.
Procurar consolidar la Comunidad Iberoamericana de Naciones con vínculos confederales y a ser posible de Comunidad Supranacional policéntrica y plural. Todo ello en términos compatibles con la pertenencia de España a la UE y siempre bajo la divisa irrenunciable de la soberanía nacional.
6.- Hacienda Pública.
La nueva Federación combinará la Hacienda Federal con las Haciendas de los Estados. La idea-fuerza es que cada Estado federado gaste lo que recaude. La autonomía de gasto irá pareja con la responsabilidad de la recaudación. La Hacienda Federal, tendrá potestad sobre los impuestos indirectos y las Haciendas de los Estados sobre los directos. Constitucionalmente se establecerá el porcentaje que corresponda a la Hacienda Federal sobre los ingresos de la Federación. Cada ejercicio se ajustarán las cifras entre la Hacienda Federal y las Haciendas de los Estados, de modo que el porcentaje de la Hacienda Federal se reparta entre los Estados federados de forma directamente proporcional a los ingresos propios de éstos, e inversamente proporcional a su renta per capita.
La competencia federal en política económica incluirá la unidad del mercado nacional, si bien los Estados federados serán competentes en cuanto a la ordenación y supervisión del mercado de trabajo. La Federación asumirá la ejecución de las directrices económicas de la UE y la articulación de la política económica federal con la comunitaria. El control del gasto público será competencia federal, con un cuerpo único de Interventores para todos los Entes Públicos. Sólo existirá un Tribunal de Cuentas, cuyas competencias de supervisión se extenderán a la Federación y a los Estados. Existirán topes constitucionales para el déficit público de la Federación y los Estados federados.
7.- Acabemos con el Estado parasitario y su coste insostenible.
Mediante la reducción y racionalización administrativa. Ello supone la desaparición de las Comunidades Autónomas, con el inmenso ahorro de costes resultante. Sólo se reconocerá la descentralización administrativa, dentro de cada Estado. Desaparición de las Provincias y Diputaciones y reducción a la mitad de los Ayuntamientos. Los Estados Federados sólo podrán establecer organismos públicos que estén previstos en la Constitución Federal; en cualquier otro caso necesitarán autorización de la Federación. La posible autonomía de los organismos públicos, incluidos ayuntamientos y universidades, nunca podrá limitar la supervisión financiera federal. Todos los funcionarios de la Federación y los Estados federados, incluidos los judiciales, tendrán un solo estatuto jurídico y un sistema retributivo único, que funcionará con criterios homogéneos. Se entenderá que las subvenciones sólo deben darse con criterios excepcionales, transitorios y siempre vinculadas a finalidades de evidente interés general, sobre todo al fomento de la riqueza nacional. En otro caso se considerarán malversación de caudales públicos. Todos los organismos públicos de la Federación deberán reducir su participación en el PIB, para no amenazar la libertad cívica y para evitar que su default económico pueda arrastrar de nuevo al desastre a la Nación entera.
8.- El Poder Judicial y la Administración de Justicia serán federales.
Su organización tendrá en cuenta la especificidad de los territorios forales. El Poder Judicial culminará en un Tribunal Supremo Federal, cuya Sala de Gobierno velará por la autonomía organizativa del mismo. Se suprimirá el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, cuyas competencias pasarán a la Jurisdicción ordinaria. Será prioritario para el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal, así como para la Policía Judicial, la lucha contra la corrupción. El Código Penal se reformará en consonancia.
9. Fomento de la cultura hispánica.
La Federación tendrá competencia en la promoción de la cultura hispánica, en un marco europeo, ibérico e iberoamericano. Los Estados federados preguntarán a los alumnos de los centros docentes públicos o sostenidos con fondos públicos, el idioma hispánico en el que deseen recibir las correspondientes enseñanzas y los centros docentes se organizarán en la forma que mejor pueda atender dicha demanda, sin criterios discriminatorios. Ninguna lengua hispánica podrá ser objeto de discriminación en ninguno de los Estados. Cada Estado federado tendrá una lengua hispánica oficial y respetará y promoverá todas las demás, que tendrán carácter cooficial. Es preciso fomentar una ética de la responsabilidad, la honestidad, el esfuerzo y el amor a la Patria común, que conducirá raudo a España al lugar preeminente que le corresponde, en el concierto de las Naciones.
10. Y sobre todo dar prioridad a los problemas de la gente.
La insensibilidad social de la casta política es aterradora. En la oposición no paran de hacer teatro con la boca chica, pero cuando gobiernan, nada les impide tomar medidas que reducen drásticamente la calidad de vida de la gente del común, mientras ellos mantienen sus privilegios y regalan nuestro dinero a los poderosos. La luz sube y sube y ellos se colocan en las eléctricas cuando dejan la política; recortan en sanidad y educación, pero no reducen un estado mastodóntico; regalan nuestro dinero a “sus” cajas de ahorro y a los bancos, mientras se ensañan con los que no pueden pagar sus hipotecas y los desahucian, dejándoles como deudores a perpetuidad; hablan de justicia y no se puede acudir a ella sin ser rico; colocan a sus amiguetes en miles y miles de organismos públicos y los “parásitos sociales” viven de las subvenciones, mientras familias enteras ven a todos sus miembros en el paro. Y mientras hacen eso, la Constitución en la que no creen protege nominalmente los derechos sociales, a la vivienda, al trabajo, a la justicia gratuita, etc. No se trata de hacer demagogia con esta situación, sino salir de ella cambiando las prioridades. El tema no es poner todavía más impuestos para alimentar a los parásitos, mientras que los emprendedores se van de España. Es necesario que paguen los culpables de la crisis y se ayude a las víctimas. Y eso hay que hacerlo en circunstancias difíciles y con recursos limitados; pero el pueblo español nunca ha escatimado esfuerzos cuando los dirigentes también arriman el hombro. Si hay Justicia, la gente aceptará que es preciso hacer sacrificios y todos juntos, como nunca debimos dejar de estar, saldremos del atolladero.
EPÍLOGO: GRANDES LÍNEAS DE UN PROCESO CONSTITUYENTE
La situación de corrupción y de descrédito de la clase política, no permite una solución que pase por unas nuevas elecciones en el marco de la actual Constitución, cuyo sistema electoral basado en circunscripciones provinciales y listas cerradas y bloqueadas, da lugar a un sistema de partidos oligarquizado, que se dirigen desde la cúpula y no desde la base, y que al recibir cuantiosas subvenciones del erario público, cierran completamente la posibilidad de que aparezcan nuevas formaciones políticas dentro del sistema, las cuales estarían completamente ayunas de financiación y más todavía cuando a través de subvenciones de todo tipo a las que se suelen denominar nuevas corporaciones, se ha entrado en un proceso de dirigismo social, que ha anestesiado, cuando no aniquilado, el necesario protagonismo de la sociedad civil.
Es la hora del patriotismo de todos los ciudadanos, ciudadanas y pueblos de España, de aparcar las diferencias y de que los políticos que conserven la honestidad y el amor a la Patria, sepan entender que también ha llegado el momento de la renuncia a sus privilegios por el bien común.
Por ello, LIBERTAD CÍVICA, promueve un PROCESO CONSTITUYENTE, sobre las siguientes Bases:
1ª. Se emprenderá una reforma constitucional por la vía del artículo 167 CE que suprimirá el Senado y declarará la derogación de aquellos artículos de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico que presupongan la existencia de dicha Cámara, cuyas competencias pasarán, en su caso, al Congreso de los Diputados. Se suprimirá asimismo el Título IX de la Constitución, relativo al Tribunal Constitucional y se declarará la suspensión de la Jurisdicción Constitucional, en tanto no termine el proceso constituyente.
2ª. Asimismo se modificará el Título X de la Constitución, relativo a la Reforma Constitucional, de forma que el nuevo artículo 167 de la Constitución habilite la elección de un Congreso Constituyente, que propondrá al pueblo español, por mayoría absoluta, otra Constitución. En el caso de que la forma política resultante no incluyese la Institución Monárquica, la mayoría requerida sería de 2/3. La Nueva Constitución será sometida a Referendum Nacional y en caso de ser afirmativo, se procederá a su promulgación y publicación. Todo ello supone la modificación, para lo sucesivo, del actual artículo 167 de la Constitución y la inmediata derogación del artículo 168, relativo a la Revisión Constitucional y del 169.
3ª. Por la vía del vigente artículo 167 de la Constitución se modificará el artículo 68 CE y aquellos otros que eventualmente fuera preciso, para que el nuevo Congreso Constituyente se elija en circunscripciones uninominales. Paralelamente a esa reforma constitucional, se tramitará la nueva Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que se aprobará nada más entre en vigor la reforma de la Constitución, a fin de que, sin más dilaciones, se puedan elegir, con carácter inmediato, 350 Representantes en tales circunscripciones uninominales y a una vuelta, insertándolas en lo posible en el mapa provincial. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tendrán un Representante cada una.
4ª. Se garantizará la igualdad de oportunidades a todas las formaciones políticas y a los candidatos independientes, tanto en medios materiales, como en cuanto a presencia en los medios de comunicación social, de manera que no se privilegie en ningún caso, ni en cuanto a financiación ni en presencia mediática, a los actuales parlamentarios o a los partidos o grupos en que se integren.
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Libertad Cívica es una asociación ciudadana, que promueve una salida a la presente situación de emergencia nacional que atraviesa España, en un marco de libertad, civismo y auténtica Democracia.
